En España, hasta junio de 2023, solo había operativos 22.760 cargadores, y aproximadamente una cuarta parte de ellos estaban fuera de servicio.
El Gobierno de España ha hecho una admisión abierta: no logrará cumplir con su objetivo de expansión de la infraestructura de recarga necesaria para acomodar la creciente cantidad de eléctricos en nuestras carreteras. Se planeaba alcanzar entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga para finales de este año, pero ahora se ha postergado esta meta dos años.
La realidad actual en España es que, hasta junio de 2023, solo había operativos 22.760 cargadores, y aproximadamente una cuarta parte de ellos estaban fuera de servicio. Para poner en contexto dicho número, es importante mencionar que esta cifra debe multiplicarse por cuatro o cinco para alcanzar el objetivo preestablecido. Si se mantiene el ritmo actual de instalación, España necesitaría seis años para lograr lo que se había planeado para este año.
CAMBIO EN LA ESTRATEGIA
Según han recogido desde La Información, el Gobierno español ha presentado razones para este incumplimiento, incluyendo interrupciones en la cadena de suministro que afectaron a los componentes de los vehículos eléctricos y su infraestructura relacionada. Desde el Ejecutivo también se ha citado escasez de mano de obra y retrasos administrativos como factores contribuyentes.
Para compensar este retraso, el Gobierno ha propuesto un cambio en su estrategia. En lugar de enfocarse en la expansión de VE, ofrecerán una serie de incentivos en forma de subvenciones para la instalación de puntos de recarga, la compra de vehículos eléctricos y la realización de innovaciones en el ámbito de la electromovilidad. Estas bonificaciones se asemejarán a fórmulas ya existentes, como el Plan Moves y otras rebajas fiscales.
El nuevo compromiso es alcanzar un total de 238.000 VE y puntos de recarga activos en el cuarto trimestre de 2025, con un crecimiento adicional de 110.000 en los nueve meses siguientes, con miras a alcanzar los 348.000 en el tercer trimestre de 2026. La Comisión Europea ha dado su aprobación a estas modificaciones, considerando que el retraso permitirá a España “preservar su nivel de ambición original” en la transición hacia la movilidad eléctrica.
OBJETIVO EUROPEO
Junto a la expansión de la infraestructura de recarga pública, el plan del Ejecutivo contemplaba la extensión de cargadores eléctricos en comunidades de vecinos y áreas empresariales, todo en colaboración con el sector privado y las familias. No obstante, los costos crecientes de los VE y la volatilidad de los precios en el mercado eléctrico durante los últimos dos años han hecho que las metas propuestas resulten inalcanzables debido a la renuencia de los conductores a dar el salto hacia los eléctricos.
Los planes de España, en línea con el ‘Green New Deal‘ europeo y sus objetivos de eliminar gradualmente las emisiones de carbono de su parque automotor para 2030, han sido ajustados continuamente por el tiempo y las propias instituciones comunitarias. Para este año, nuestro país tenía como objetivo tener 250.000 VE en circulación, pero hasta agosto, el número alcanzado fue de poco más de la mitad, llegando a 142.784.
