La normativa busca que los conductores de vehículos eléctricos (EV) puedan cargar sus vehículos de manera eficiente y accesible en todo el continente.
En abril de este año, la Directiva de Infraestructura de Combustibles Alternativos (AFIR) de la Unión Europea entró en vigor, marcando un hito significativo en la transición hacia una movilidad sostenible y libre de emisiones. La normativa busca que los conductores de vehículos eléctricos (EV) puedan cargar sus vehículos de manera eficiente y accesible en todo el continente, impulsando la creación de una infraestructura de recarga robusta y preparada para satisfacer la demanda actual y futura.
La AFIR establece objetivos obligatorios para el despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica y de reabastecimiento de hidrógeno a lo largo de las principales vías de transporte de la UE, conocidas como la red transeuropea de transporte (TEN-T). Para 2025, cada Estado miembro deberá garantizar una potencia mínima de 1,3 kW por cada coche eléctrico registrado, además de instalar estaciones de recarga rápida de al menos 150 kW cada 60 km en las principales rutas.
La nueva regulación también aborda la necesidad de recarga para vehículos pesados, con la implementación de estaciones de recarga dedicadas cada 60 km en las rutas principales y cada 100 km en la red más extensa de la TEN-T, con cobertura completa para 2030. Además, se estipula la instalación de infraestructuras de recarga en áreas de estacionamiento seguras y urbanas para vehículos de reparto.
Uno de los aspectos clave de la AFIR es la inclusión de recarga inteligente. Este enfoque permite integrar más energía renovable y utilizar la red eléctrica de manera más eficiente, beneficiando a todos los usuarios de la electricidad al reducir los costos del sistema. La recarga inteligente ajusta la carga en función de la disponibilidad de energía y las necesidades de la red, facilitando una mayor flexibilidad y eficiencia en el sistema energético.
UNA RED PÚBLICA ACCESIBLE, TRANSPARENTE Y ASEQUIBLE
Asimismo, la organización exige que toda la infraestructura de recarga pública sea accesible, transparente y asequible. Esto incluye la obligatoriedad de aceptar métodos de pago comunes como tarjetas de crédito y débito sin necesidad de registro previo, y asegurar que los precios sean visibles en el punto de uso. Las tarifas deben ser razonables, claramente comparables, transparentes y no discriminatorias, asegurando que todos los usuarios, incluidos los conductores internacionales, no enfrenten barreras adicionales o costos injustificados.
Un ejemplo destacado de las dificultades actuales que la AFIR busca solucionar es la situación en Alemania, donde ciertas redes de recarga discriminan a los ciudadanos extranjeros al no permitirles acceder a planes de suscripción preferenciales. Esta práctica va en contra de la cláusula de no discriminación de la AFIR, que estipula que todos los usuarios deben tener igualdad de acceso a las tarifas y servicios.
En cuanto a infraestructura de hidrógeno, la AFIR establece que, desde 2030, deben instalarse estaciones de reabastecimiento de hidrógeno cada 200 km en las rutas principales y en todas las áreas urbanas relevantes, creando una red densa y accesible para vehículos ligeros y pesados.
La implementación de esta normativa también incluye objetivos específicos para puertos y aeropuertos. Los puertos que reciban un número significativo de llamadas de grandes barcos de pasajeros o contenedores deberán ofrecer suministro eléctrico desde tierra para reducir las emisiones locales. De igual manera, los aeropuertos deberán proporcionar electricidad a las aeronaves estacionarias en todas las posiciones de contacto para 2025 y en todas las posiciones remotas para 2030.
El acuerdo político alcanzado para la AFIR, que forma parte del paquete legislativo ‘Fit for 55’ de la Comisión Europea, es un paso crucial hacia la descarbonización del transporte en Europa, alineándose con los objetivos del Pacto Verde Europeo de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030.
